Asociaciones, instituciones y usuarios consideran insuficientes las medidas contra los desahucios porque el Código de Buenas prácticas es voluntario
El conjunto de propuestas "para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social" del ministro de Economía, Luis de Guindos, ha despertado todo tipo de críticas. Usuarios, oposición, asociaciones y expertos rechazan el carácter voluntario del Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras, complementario a las medidas, y reclaman una legislación eficaz de carácter obligatorio. El aspecto más polémico del Código es la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda a cambio de la liquidación de la deuda, que recoge como una posibilidad en los casos de exclusión social y que los bancos decidirían aplicar o no.
El problema de los desahucios se ha agravado con la crisis económica y cada vez son más las familias que no pueden hacer frente a los pagos de sus hipotecas y alquileres. En muchos de los casos esto se debe a que todos los miembros de la familia han perdido su empleo. Por ello, las nuevas medidas normativas incluyen en el umbral de la exclusión social a las unidades familiares con todos los miembros en el paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea la única residencia. Las personas desalojadas o en riesgo de desahucio se encuentran desamparadas y en muchas ocasiones no saben a quién recurrir. Como explica en su revista oficial, la oficina del Defensor del Pueblo recibe quejas de forma continua de personas se enfrentan a un futuro desahucio de su vivienda, decidido o autorizado por el juez. Pero la actuación directa en los casos concretos suele ser “inviable” y las quejas casi nunca pueden ser tramitadas, precisamente debido a la intervención judicial directa. Por ello, la institución ha elaborado el informe “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo” en el que pide “medidas excepcionales para los hipotecados” y exige al Banco de España que proteja a los usuarios.
La PAH y Adicae reaccionan
Protección a los derechos de los ciudadanos es lo que también reivindica la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, (PAH), que en un comunicado demanda ayuda para las familias porque “varias veces se ha anunciado medidas que finalmente a quien han beneficiado, una y otra vez, ha sido a la banca”. La PAH recuerda que el número de ejecuciones hipotecarias ya supera las 330.000 y que por ello las medidas deben auxiliar a las personas ya afectadas y no centrarse solo en el futuro. El comunicado ataca el carácter voluntario del Código de Buenas Prácticas bancarias: “Necesitamos una legislación que garantice el derecho a una segunda oportunidad y el derecho a la vivienda. El Gobierno pretende que esto sólo sea voluntario, nosotros exigimos que sea un derecho de la ciudadanía regulado, vinculante y de efectos retroactivos”.
En la misma línea está la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, (Adicae). En una nota de prensa Adicae manifiesta que la decisión de incluir medidas como la dación en pago en el Código de Buenas Prácticas “convierte en papel mojado su eficacia y persiste en la desigualdad de trato entre la banca y los derechos de los consumidores” por lo que califica las reformas del Gobierno de “propuestas en el aire” que “generan demasiadas dudas”. Además considera “marginales” otras de las medidas, como las ejecuciones extrajudiciales o las subastas online. Por su parte, el PSOE cree que las propuestas crean “falsas expectativas”.
